Áreas Protegidas: una apuesta arriesgada | Foro Verde #08

Foro Verde #08, una columna de Julieta Pirez Rendon

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Las áreas protegidas o áreas naturales protegidas como comúnmente son reconocidas, son zonas que reciben una protección especial por considerarse que cuentan con valores naturales y/o culturales intrínsecos de gran importancia para la conservación del medio ambiente. Su gestión suele estar a cargo de organismos gubernamentales o privados, lo cual depende de la legislación de cada país al respecto. Se suele creer que la tendencia de declarar áreas protegidas surgió en Estados Unidos con la creación del parque nacional de Yellowstone en 1872, y si bien sentó las bases de la preservación en Norteamérica, se pueden encontrar antecedentes como el área protegida de Bogd Jan Uul en Mongolia, la cual el gobierno de la dinastía Qing declaró como tal en 1783.

A partir del auge del movimiento ecológico de los años setenta del siglo pasado y con el desarrollo de la política ambiental en los foros internacionales, ha crecido la apuesta por parte de gobiernos y algunas organizaciones internacionales por las áreas naturales protegidas como principal instrumento de conservación, y esta tendencia no hace más que crecer a pesar de los escasos resultados que han presentado las declaratorias de estas zonas por el mundo. Por ejemplo, el Informe Planeta Protegido 2020 de Latinoamérica y el Caribe, si bien aboga por la implementación de estas áreas, también señala que, no necesariamente están siendo manejadas de manera efectiva, que solo el 14 por ciento de ellas se ha evaluado en la región, que el 50 por ciento de los ecosistemas no está lo suficientemente representado y por si fuera poco, muchas de estas zonas por estar demasiado aisladas, se alteran los procesos ecológicos naturales y con ello afectan a las especies lejos de ayudarlas. Aunque puede comprenderse fácilmente por qué se continua insistiendo en ellas, en las “Metas de Aichi”, las cuales representaron el plan de la década pasada del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas; dentro de las seis únicas metas parcialmente logradas, se encuentra la protección de áreas terrestres y marítimas, tal vez, por la facilidad con que algunos Estados pueden emitir un decreto para declarar un área protegida, sin hacer más que esto.

Además recientemente la organización Survival International denunció que, 300 millones de personas corren riesgo de perder sus tierras y sus medios de vida, la mayoría de ellos pueblos indígenas y tribales con planes como el “30×30” de Naciones Unidas para poner al menos el 30 por ciento de la superficie terrestre en áreas protegidas para el año 2030, y la cual se pretende adoptar en la Conferencia de las Partes del CDB este año en China. Sin embargo, el movimiento a favor de los derechos de los pueblos indígenas y tribales califica dicho plan de “Gran Mentira Verde”, ya que de acuerdo a Fiore Longo, responsable de la campaña en contra del “30×30” declaró que; “Es un plan sin base científica, que no solo no hará nada por combatir el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, sino que aumentará el sufrimiento humano y la destrucción de la naturaleza”. Asimismo, en esta campaña se explica que, este plan elaborado por los conservacionistas occidentales no reconoce que estos pueblos han gestionado y preservado su entorno y que despojarlos de sus territorios solo es una falsa solución para un problema que los pueblos originarios no han creado.

Las áreas naturales protegidas se han vendido como la panacea para la degradación ambiental en el mundo, no es un mecanismo que esté mal per se. El inconveniente es la estrechez de miras con el que se implementa, pues volviendo al Informe Planeta Protegido 2020 de Latinoamérica y el Caribe, anteriormente referido, el mismo señala que, solo el seis por ciento de las áreas protegidas esta manejada por pueblos indígenas o comunidades locales y un dos por ciento en esquemas de co-manejo, es decir, por el gobierno en conjunto con las comunidades locales. Y allí podríamos identificar el serio problema, no hay representatividad de otros sectores para colaborar en la gestión de este importante instrumento de política ambiental, no se han puesto en marcha sistemas de gobernanza que atiendan a la complejidad de los entornos bio-culturales que pueden significar las áreas naturales protegidas, sin dejar de lado que el decreto de dichas áreas no es la solución definitiva ni la ideal para los problemas ambientales. En todo caso deben formar parte de un conjunto integral de medidas. La apuesta por dirigir buena parte de los esfuerzos en la agenda internacional ambiental a las áreas naturales protegidas manejadas a discreción por los gobiernos o las organizaciones privadas, es arriesgada e incluso peligrosa, por la cantidad de intereses económicos y no de verdadera protección a la naturaleza, que están en juego.